por jotae » Lun Mar 11, 2019 12:14 pm
En respuesta a toshiro y tripple y, en general, a la cuestión lingüística:
Yo soy directamente afectado por la política lingüística mal entendida y peor interpretada. Mi mujer, profesora navarra, hubo de acudir al concurso de traslado nacional para reunirse conmigo en Alicante. Optó, allá por el año 2000, a plazas en Alicante, en colegios sin línea de valenciano. Entonces, la Ley de Uso del valenciano vigente estipulada, en una de sus disposiciones transitorias, una moratoria de cinco años para los maestros destinados en colegios con línea de valenciano para obtener la titulación que habilitara para impartir enseñanza en la lengua. Dicha moratoria también contemplaba una moratoria mayor, de diez años, para obtener dicha titulación a los maestros destinados en centros sin línea de valenciano (en zonas no valenciano parlantes), lo cual parecía muy racional y lógico. Mi mujer solicitó plaza en colegios sin línea de valenciano, en zonas no valenciano parlantes (la Vega Baja, el Alto Vinalopó, por ejemplo). Sin embargo, bajo la égida del inefable González Pons, la consejería de Educación rechazó todas sus opciones a plazas en colegios sin línea de valenciano, saltándose a la torera la normativa vigente e ignorando el posterior recurso, que no mereció siquiera respuesta. Afortunadamente, y conociendo como yo conocía las torticeras políticas de la administración pepera de entonces (porque yo era, entonces, funcionario de la comunidad, muy relacionado con las altas esferas de la consejería de Turismo) le aconsejé a mi mujer que solicitara algunas plazas en Murcia, donde le fue adjudicada finalmente y donde residimos. Es decir, en una clara vulneración constitucional, la Generalitat Valenciana exige, de entrada, a todos los que optan al concurso de traslados nacional la titulación previa de conocimiento de la lengua catalano-valenciana, en lugar de aplicar la razonable y lógica moratoria contemplada por la propia Ley de Uso del Valenciano.
Cuento esto porque, evidentemente, quien opta a ocupar un puesto de servicio público en una comunidad con lengua propia ha de conocerla. Pero ¿no es más lógico establecer esas moratorias de manera que se respeten los derechos de todos a nivel nacional a la hora de moverse entre comunidades? Porque entiendo que los primeros interesados son y deben ser los propios empleados públicos y porque así se articula un país: desde la asunción de su diversidad, individual y colectivamente.
La cuestión (salvo en regiones con interpretaciones torticeras del "bilingüísmo" como en Murcia, donde un colegio es declarado "bilingüe" cuando imparte dos horas de enseñanza en inglés a la semana) radica en la enseñanza, en la educación como punto de partida, no en la imposición a la trágala a las generaciones perdidas.
Es mi opinión y mi experiencia personal.
